Jaidë

La crisis de suicidios entre las comunidades indígenas de Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, con un impacto particular en el pueblo Emberá del Chocó. Una combinación de conflicto armado, desplazamiento forzado, pérdida de medios de vida y violencia intrafamiliar ha creado un estado de desesperanza que ha llevado a un preocupante aumento de muertes autoinfligidas. En Bojayá, los registros muestran una tendencia creciente. Entre 2015 y 2020 se reportaron 15 suicidios, pero entre 2021 y 2023 la cifra se disparó a 41, con más de 400 intentos. En 2024, se registraron al menos 12 casos adicionales, lo que subraya la persistencia del problema. En la comunidad de Unión Baquiasa, desde 2021 se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en Puerto Antioquia se registraron más de 15 intentos y una muerte solo en 2023. Detrás de estas cifras están las historias de jóvenes que han tomado decisiones extremas en medio de un contexto de desplazamiento y violencia. En Puerto Antioquia, Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida el 7 de abril de 2023, mientras que Liria Cheito sobrevivió a un intento de suicidio ese mismo día. En Unión Baquiasa, Yameli Numasa, de 17 años, murió en diciembre de 2021, mientras que Jarlison Ñameson, de 29, intentó suicidarse en ese mismo periodo. Más recientemente, Luisa Ignacia Chamorro, de 17 años, intentó quitarse la vida dos veces en 2024 y 2025. El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. En Bogotá, miles de Emberá han sido desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital están lejos de representar una solución. Unas 2.251 personas indígenas viven en albergues temporales en zonas como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, actualmente residen más de 1.200, generando un grave hacinamiento. En este entorno, también se han incrementado los intentos de suicidio, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres Emberá que han enfrentado condiciones extremas. La crisis de salud mental en estas comunidades sigue recibiendo una atención insuficiente. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a las condiciones precarias en las que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.