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Vientos de dolor

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte —desatadas tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó un golpe de Estado— dejó al menos 50 muertos y más de 1,200 heridos en Perú.

La mayoría de las víctimas eran trabajadores rurales e indígenas del sur; algunas ni siquiera participaban en las movilizaciones. Organismos internacionales concluyeron que en muchos casos se trató de ejecuciones extrajudiciales: disparos dirigidos a la cabeza y a órganos vitales.

La violencia policial y militar se extendió por diversas regiones: Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa, Junín, Cusco, Macusani y Juliaca (Puno), donde el 9 de enero murieron 18 personas y cientos resultaron heridas. El gobierno acusó a los manifestantes de ser “terroristas”. En Ayacucho, uno de los batallones desplegados fue una unidad contrasubversiva de Huanta, que recibió la orden de enfrentarlos “como tales”. La respuesta incluyó disparos con fusiles, perdigones y gases lacrimógenos. Autopsias e informes de balística confirmaron que las balas y perdigones extraídos de los cuerpos coincidían con la munición de fusiles de asalto, pistolas y escopetas portados por policías y militares.