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En apuros


El Salvador tiene más de 80.000 personas bajo el estado de excepción que está en vigor desde marzo de 2022. El presidente Bukele ha sido muy criticado por su enfoque en la guerra contra las pandillas y las medidas de su Plan de Control Territorial, pero el país está viviendo uno de los periodos más seguros en décadas. Las comunidades que antes vivían aterrorizadas por las pandillas ahora se sienten seguras, pero temen ser víctimas de las autoridades y ser arrestadas, convirtiéndose en una de las miles de víctimas de detenciones arbitrarias. La estrategia de lucha contra las pandillas ha ganado popularidad entre la población salvadoreña en general, así como la atención internacional, y se le elogia por ello, aunque hay pruebas de que Bukele ha negociado con los líderes de las pandillas para eliminar la violencia de estas, y los residentes de las comunidades controladas por las pandillas han expresado su preocupación por el regreso de los pandilleros a las zonas o por el hecho de que sigan viviendo entre ellos.

El problema es que esta paz temporal solo se logra bajo esta ley, al final de la cual no se sabe qué sucederá y cómo manejará el gobierno la situación posterior. La pacificación del país se ha logrado, pero ¿se puede mantener o es solo una solución rápida a la violencia? La sociedad civil, así como las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han criticado la falta de garantías procesales y el uso de la tortura contra los detenidos. Para exigir la liberación de todas las víctimas inocentes que se encuentran en prisión, se estima que alrededor de cinco mil han sido víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales unas 500 han muerto en circunstancias sospechosas y algunas pruebas muestran tortura. Existe una gran preocupación de que el estado de excepción continúe sin signos de terminar e, incluso peor, se convierta en permanente en el país. Las libertades civiles son inexistentes y el Estado democrático es frágil.