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El dolor eterno de Ayacucho

El 15 de diciembre de 2022 el Ejército peruano reprimió con brutalidad las protestas con las que la población de Ayacucho reclamaba la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la realización de una Asamblea Constituyente. Aquel día, en distintas partes de la ciudad, fallecieron 10 personas. Todas por armamento usado por las Fuerzas Armadas, según constataron organismos internacionales de derechos humanos. La mayoría de ellas no participaba en las manifestaciones.

La violencia desmesurada empleada por los militares contra civiles pacíficos hizo recordar, además, a los pobladores, el conflicto armado interno vivido en el país entre 1980 y 2000 que dejó un saldo de casi 70 mil muertos, el 47,4% de los mismos en esta región andina en la que las violaciones a los derechos humanos – muchas a manos de las fuerzas del orden que debían protegerlos – fueron una constante durante esas dos décadas.

Desde que el pasado 7 de diciembre comenzaron las marchas contra el nuevo régimen gubernamental en el Perú, ya son 69 los civiles asesinados y más de un millar los heridos en diferentes partes del país por ejercer su legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión.