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Isaac Fontana

Entre 2023 y 2025, Brasil enfrentó crisis ambientales, sociales y culturales que exponen la vulnerabilidad de sus poblaciones. En Río Grande del Sur, lluvias intensas provocaron la mayor tragedia climática de la historia del estado: los ríos se desbordaron, millones quedaron sin hogar, 184 personas murieron y los daños alcanzaron los 88,9 mil millones de reales, revelando la urgencia de medidas frente a los cambios climáticos.


En la ciudad de São Paulo, el pueblo Guaraní Mbya de Jaraguá logró, en 2025, un hito histórico en la lucha por el territorio: la gestión compartida de áreas superpuestas con el Parque Estatal Jaraguá amplió la tierra indígena de 1,7 hectáreas a 532 hectáreas, garantizando la preservación cultural y ambiental. También en la capital, la favela do Moinho, última favela del centro, resistió décadas de presión por gentrificación, enfrentando violencia policial y amenazas de desalojo. Después de una intensa movilización, la comunidad logró avances en la protección del derecho a la vivienda y en la seguridad local.


En Pará, el pueblo Munduruku sufre con la invasión de mineros ilegales que degradan el río Tapajós, contaminan el ambiente con mercurio y comprometen la alimentación y salud de las aldeas. Estudios indican que el 100% de los indígenas están contaminados, integrando conocimiento tradicional y científico para resistir y concienciar a las nuevas generaciones.


En Rondônia, el Parque Estatal de Guajará-Mirim enfrentó, desde julio de 2024, incendios criminales que devastaron el 33% de la vegetación, amenazando la biodiversidad y la salud de las comunidades indígenas Karipuna y Uru Eu Wau Wau. Operaciones de combate movilizaron a más de 500 agentes, pero la respuesta inicial insuficiente evidenció fragilidades en la protección ambiental.